Un nuevo régimen de créditos fiscales en Estados Unidos podría incentivar la inversión en tecnología CSP a partir de 2017

(Créditos de imagen: STILLFX)

Una propuesta legislativa dirigida a implantar un nuevo sistema de deducciones fiscales a la inversión podría aliviar notablemente la presión tributaria de futuras instalaciones termosolares, pese al recorte generalizado en las bonificaciones a la industria solar que se producirá a finales de 2016.

La puesta en marcha de un nuevo programa de créditos fiscales vinculado a los costes de instalación de las centrales eléctricas es una de las principales iniciativas presentadas por Amit Ronen, director del Instituto Solar de la Universidad George Washington y asesor del Congreso estadounidense en materia de energías renovables, en un informe que también alerta de la escasa probabilidad de que las cámaras legislativas aprueben la extensión del instrumento vigente de ayudas fiscales que venía demandando el sector de la energía solar.

A través de un documento titulado ‘Opciones para evitar la desaparición del Crédito Fiscal a la Inversión’, elaborado conjuntamente con el investigador James Mueller, Ronen propone la adopción de un mecanismo renovado que otorgue bonificaciones en función de los costes iniciales de instalación y no del tipo de tecnología utilizada. La propuesta lanzada al Congreso también prevé que el volumen de estos créditos disminuya automáticamente a medida que factores como la escala y la madurez técnica contribuyan a reducir los costes de futuras plantas.

Un análisis de las implicaciones que tendrían estos cambios revela que los próximos proyectos termosolares se verían sujetos a una tasa crediticia superior a la que recibirían, por ejemplo, nuevas instalaciones fotovoltaicas, teniendo en cuenta que las plantas de concentración solar desarrolladas hasta el momento son escasas y aún no se han beneficiado de las economías de escala. De hecho, el siguiente gráfico muestra que la tasa asociada a la tecnología termosolar -tomando en consideración los costes actuales- se situaría ligeramente por encima del 30%, mientras que la relativa a las centrales fotovoltaicas quedaría fijada en valores inferiores al 30%.

Este nuevo modelo de cálculo, como se ha explicado anteriormente, es considerado tecnológicamente neutral al determinar las tasas crediticias basándose únicamente en los costes de instalación registrados para cada proyecto renovable.

 

Figure: Gráfico 4: Tasa crediticia a la inversión bajo un régimen de bonificaciones tecnológicamente neutral

Fuente: Instituto Solar de la Universidad George Washington

--- Vertical: Porcentaje de crédito efectivo --- Horizontal: Coste de instalación por vatio

--- Technologies from left to right: Gas natural con CCS, Eólica terrestre, Solar fotovoltaica, Hidroeléctrica convencional, Combustión de Biomasa en Lecho Fluido, Geotérmica por Ciclo Binario, Carbón Pulverizado de simple y doble flujo con CCS, Termosolar, Almacenamiento de Energía por Bombeo, Energía Nuclear, Eólica marina/Geotérmica de sistema flash doble, Carbón GICC con CCS, Celdas de Combustible, Biomasa CCS.

 

Créditos fiscales como motor de nuevas inversiones

“Cualquier avance técnico relacionado con la generación de energía tiene que afrontar el decisivo reto de alcanzar una cierta escala para poder presentar precios competitivos, por lo que en principio siempre resultan demasiado caros para el mercado hasta que son capaces de llegar a ese nivel de rentabilidad”, sostiene Amit Ronen en conversación con CSP Today.

“A medida que se van desarrollando más instalaciones de concentración solar, es lógico pensar que los costes también se irán reduciendo paulatinamente gracias a una mayor escala y a las mejoras derivadas de la experiencia. Por poner un ejemplo, hemos sido testigos de la evolución de Ivanpah [la central termosolar de 390MW construida en el desierto californiano de Mojave] , y podemos decir que cada una de las torres que componen el complejo fue construida a mayor velocidad que la anterior y con costes claramente inferiores”, asegura este experto.

El actual sistema de créditos fiscales a la inversión establece una tasa del 30% para la puesta en marcha de nuevos proyectos derivados de la tecnología solar, un incentivo que ha contribuido de manera fundamental a que la instalación de centrales solares haya crecido un 1600% desde que entrara en funcionamiento en el año 2006. Aunque inicialmente se vio asociado a un período de prueba limitado a dos años, este instrumento tributario se consolidó en 2008 con una extensión final de ocho años de duración, lo que sin duda ha servido para proporcionar a promotores y potenciales inversores la seguridad y confianza necesarias en su apuesta por este tipo de tecnología renovable.

 

La siguiente tabla muestra el incremento en la generación de energía renovable en Estados Unidos, en términos de gigavatio/hora.

Top: Período, Eólica, Solar fotovoltaica, Termosolar, Biomasa forestal, Gas de relleno sanitario, Residuos Sólidos Urbanos. Second: Total anual

 

Fuente: Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA)

 

No obstante, debido a que el proceso que conlleva hacerse con los permisos requeridos y comenzar la construcción de plantas termosolares puede extenderse hasta cinco años, la proliferación de nuevos proyectos que empezó a materializarse a partir de 2008 sólo se ve reflejada en los datos relativos al año 2014, como se puede apreciar en la tabla anterior que desglosa el volumen total de energía renovable producida por cada tipo de tecnología. Esta misma dinámica explica que el desarrollo de centrales termosolares en el país se haya visto interrumpido desde 2013, ya que la cada vez más cercana fecha de caducidad del sistema de créditos vigente -finales de 2016- ha logrado ahuyentar a los inversores en un sector energético que necesita de largos períodos de tiempo para consolidar sus proyectos.

A la espera de que el Congreso estudie y valore las innovadoras propuestas planteadas por Ronen, las esperanzas que buena parte del sector termosolar ha depositado en estos planes se encuentran estrechamente vinculadas al éxito que, por su parte, ha cosechado la Iniciativa Solar de California (CSI, en sus siglas en inglés), un programa público de estímulos a la inversión que contiene elementos muy similares a los que ahora recomienda Ronen para que sean adoptados a nivel federal. Para apoyar a la industria de los paneles solares domésticos, el gobierno californiano ha venido fijando altas tasas de reembolso que han permitido reducir notablemente los costes asociados a la compra e instalación de estos sistemas, lo que en consecuencia ha logrado disparar la implantación de esta tecnología. Siguiendo la misma lógica aplicada a las economías de escala, este mecanismo implica también que el importe a devolver disminuya en proporción al incremento de la capacidad instalada.

Esta nueva concepción de los créditos fiscales es muy parecida a lo que se ha venido haciendo en California durante los últimos años”, indica Joe Desmond, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de la desarrolladora británica BrightSource. Este directivo ocupó anteriormente la presidencia de la Comisión de Energía durante la anterior administración del exgobernador californiano Arnold Schwarzenegger, jugando un papel esencial tanto en la planificación de los instrumentos más destacados de la Iniciativa Solar de California como en el proceso legislativo posterior que culminó con su aprobación.

“En ese momento entendimos que lo más importante era diseñar un sistema en el que los incentivos que pudiéramos ofrecer para fomentar la inversión dependieran del grado de certidumbre existente en el mercado. De esa manera, conseguimos atraer la atención del sector privado y facilitar la actividad empresarial en el campo de la energía solar, gracias también a unos trámites administrativos sencillos y un procedimiento fácil de comprender”, explica Joe Desmond sobre un programa público que se ha convertido en todo un referente.

 

Una prórroga de dos años resultaría perjudicial

Dejando momentáneamente de lado el nuevo sistema de bonificaciones ideado por Amit Ronen y James Mueller para beneficiar a la industria renovable, lo cierto es que la proposición de extender, durante dos años más, la vigencia del actual régimen de créditos fiscales todavía tiene que completar su tramitación en el Senado estadounidense. Pese a haber sido rechazada ya en dos ocasiones -tanto en la fase de primera lectura como en su posterior paso por comisión-, este próximo otoño la solicitud llegará una vez más al Pleno para que los senadores tomen una última decisión al respecto.

En cualquier caso, desde el Consejo Estadounidense de la Energía Renovable (ACORE, en sus siglas en inglés) se asegura que incluso la improbable concesión de una prórroga tan breve en nada ayudaría a un sector que precisa de otro tipo de estímulos concebidos para el largo plazo. En palabras de Scott Clausen, investigador de este organismo, “una extensión de sólo dos años tendría un efecto casi imperceptible a la hora de fomentar la actividad empresarial, teniendo en cuenta que los inversores necesitan contar con un grado mucho mayor de seguridad y certidumbre antes de decidir sobre proyectos millonarios cuyo desarrollo requiere mucho más tiempo”.

Sin embargo, una hipotética prórroga sí que podría incidir positivamente en el devenir de dos proyectos que se han visto claramente afectados por la inminente derogación del instrumento tributario aún en vigor: la planta ‘Rice’ de 150 MW planificada por SolarReserve, así como el proyecto ‘Palen’ que Abengoa y BrightSource han tenido que dejar en suspenso debido precisamente a las previsiones que apuntan a la desaparición definitiva del citado crédito fiscal.

De hecho, Clausen está convencido de que el poder legislativo esperará finalmente hasta principios del año 2017 para rediseñar en profundidad la política tributaria del país, una vez se conozca la identidad del nuevo inquilino de la Casa Blanca que saldrá de las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2016.

 

Un mercado preparado para el cambio

“Ya hemos tenido conversaciones muy productivas en el Senado que sin duda nos servirán como punto de partida”, revela Amit Ronen sobre sus primeros intentos de incorporar la ambiciosa iniciativa a la agenda parlamentaria. “Existe una buena predisposición sobre este tema porque, en general, siempre se ha visto con buenos ojos que las deducciones fiscales se apliquen independientemente del tipo de tecnología, siempre que ofrezcan garantías y los incentivos a largo plazo que el mercado necesita para que los proyectos con mayor potencial puedan resultar rentables a la hora de ser comercializados”, explica este asesor que cuenta con más de 11 años de experiencia en asuntos de política energética.

Uno de los puntos fuertes del mecanismo de créditos fiscales presentado por Ronen tiene que ver con lo flexible de su funcionamiento, ya que en el caso de ser finalmente implantado, determinaría el volumen de las bonificaciones en función de las características propias de cada proyecto energético por separado, dando así paso a una nueva etapa en la que el desarrollo de futuras instalaciones pueda seguir disfrutando de esta clase de ayudas incluso en un contexto de bajos costes para las tecnologías del ámbito de las renovables. De la misma forma, el sistema propuesto acabaría para siempre con la agria polémica que tradicionalmente ha envuelto los programas de subsidios públicos que han optado por privilegiar a ciertas tecnologías en detrimento de otras.

“Hay que recordar que quienes siempre han estado preocupados por el reparto desequilibrado de las tasas crediticias según el tipo de tecnología, lo que en la práctica ha provocado una división entre ganadores y perdedores, han venido reclamando soluciones que fueran neutrales en este sentido y, por tanto, imparciales a la hora de considerar los distintos proyectos”, asevera Ronen, antes de insistir en que la versión final de su propuesta, no obstante, se verá condicionada por las diferentes aportaciones y sugerencias que le hagan llegar tanto los legisladores como todos aquellos que representan los intereses de la industria energética.

“Nuestra función principal es la de presentar ideas y conceptos renovadores que enriquezcan el debate, faciliten futuras negociaciones entre todos los agentes implicados, y en última instancia, nos ayuden a progresar en este ámbito. Entendemos también que habrá gente a la que le cueste asimilar estos planteamientos y las posibilidades que se desprenderán de semejantes cambios, sobre todo cuando nos encontramos todavía a unos años de ser testigos de una reforma tributaria que alterará radicalmente el terreno de juego” concluye.

Por Susan Kraemer

 

 

 

 

 

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